CASO 1736 (Honduras)

Caso 1736, de 8 de marzo de 1972, en el cual se denuncia la muerte de varios campesinos y la detención arbitraria de otros, pertenecientes a la llamada "Liga Campesina". Los hechos habrían ocurrido en la población de Talanquera, Departamento de Olancho, el 18 de febrero de 1972, con intervención de las fuerzas armadas y varios terratenientes de la región cuyos nombres se indican como responsables intelectuales y materiales de los hechos.

La Comisión, en nota de 29 de marzo de 1972, solicitó del Gobierno de Honduras la información correspondiente, de acuerdo con los Artículos 42 y 44 de su Reglamento.

Dicho gobierno, en nota de 13 de abril de 1972, informó a la CIDH que el caso de referencia había sido puesto en conocimiento de las dependencias respectivas de la administración.

La Comisión examinó este caso en su vigesimonoveno período de sesiones (octubre de 1972). Teniendo en cuenta la respuesta del Gobierno hondureño, así como el hecho de que los reclamantes no habían informado si en el caso se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna de 1a República de Honduras, acordó dirigir una nueva comunicación al Gobierno de ese país, haciéndole presente la gravedad de los hechos denunciados y solicitándole que se sirviera "suministrar información que permita llevar a cabo el examen de la reclamación, prorrogando por 60 días más el plazo previsto en el Artículo 51 del Reglamento", y solicitar de los reclamantes que complementaran la denuncia al tenor del Artículo 54 del Reglamento.

En cumplimiento de ese acuerdo la Comisión se dirigió al Gobierno de Honduras en nota de 1ro. de noviembre de 1972 y a los reclamantes el del mismo mes y año.

Con nota de 19 de diciembre de 1972, el Gobierno de Honduras dio respuesta a la solicitud arriba citada acompañando copia del informe de la Comisión Investigadora designada en dicho país para esclarecer los hechos ocurridos en Olancho. En dicha nota, además, el Gobierno hondureño ofreció remitir mayores datos sobre el resultado de los juicios seguidos en la jurisdicción de los hechos por las autoridades judiciales competentes. En efecto, con nota de 5 de enero de 1973, acompanó dicho Gobierno copia del informe de la Corte Suprema de Justicia de Honduras sobre el caso de referencia. En una de las partes de dicho informe se expresa lo siguiente:

"Esta Corte Suprema de Justicia, ha entendido que las conclusiones de las autoridades judiciales honureñas sobre los sucesos de La Talanquera, que la Comisión de Derechos Humanos de la OEA desea conocer, se refieren a las decisiones fina1es a que el poder jurisdiccional en nuestro país hubiere podido llegar en su conocmiento de aquellos lamentables hechos. Al respecto a la fecha no han recaído todavía sentencias definitivas en ninguno de los dos procesos que fueron incoados con ocasión de aquellos acontecimientos; aunque en uno de ellos -el relacionado con denuncia hecha contra compesinos que se vieron envueltos en tales acontecimientos- ha recaido providencia que amerita ponerlos en libertad por no haber mérito para su detención". Agregando:

"Según nuestro procedimiento en materia criminal, la libertad de dichos campesinos será definitivamente ratificada, en sobreseimiento definitivo, a juzgar por la información sumarial recabada. Tal sobreseimiento dictado con todas las formalidades legales, equivale a una sentencia definitiva,y decidirá, tanto lo que mire a los hechos en sí mismos como a las responsabilidades consiguientes, en caso de que aparecieran".

De conformidad con su Reglamento la Comisión transmitió, con nota de 31 de enero de 1973, las partes pertinentes de las informaciones suministradas por el Gobierno de Honduras a los reclamantes, quienes con comunicación de 3 de marzo de 1973, fomularon observaciones y comentarios sobre el caso y, en particular, sobre los datos aportados por el Gobierno de Honduras.

La Comisión inició el examen del caso 1736 junto con las informaciones del Gobierno de Honduras, así como las observaciones y comentarios de loc reclamantes en el curso de su trigesimo período de sesiones (abril de 1973).

De conformidad con las recomendaciones del relator designado en dicho período (Profesor Manuel Bianchi) la Comisión decidió transmitir al Gobierno hondureño las partes pertinentes de las observaciones y comentarios de los reclamantes a fin de que el mismo tuviera la oportunidad de replicarlos. En tal sentido se dirigió la CIDH al Gobierno de Honduras en nota de 15 de Junio de 1973.

E1 Gobierno de Honduras, en nota de 30 de junio de 1973 (No. 1236) dio respuesta expresando lo siguiente:

Aunque la comunicación de fecha 3 de marzo de 1973 enviada a la Comisión por los reclamantes no contiene nuevos datos sobre el caso sino apreciaciones personales, inmediatamente de recibir la atenta nota de Vuestra Excelencia, a que me refiero, la transcribí asi como los anexos correspondientes, a la Honorable Corte Suprema de Justicia y al Instituto Nacional Agrario, y en cuanto reciba sus comentarios los transmitiré a esa Honorable Comisión.

La Comisión prosiguió el examen del caso 1736 en su trigesimoprimer período (octubre de 1973) y, teniendo en cuenta lo anterior acordó reiterar al Gobierno hondureño el pedido de información de 15 de Junio de 1973, rogándole que se sirva suministrar tales datos no más tarde del lro. de febrero de 1974 a fin de que la Comisión pueda tenerlos en cuenta para su trigesimosegundo período de sesiones, a celebrarse en abril de 1974.

En tal sentido se dirigió comunicación al Gobierno de Honduras en fecha 14 de diciembre de 1973.