CASO 1690 (Colombia)

Caso No. 1690, de 26 de agosto de 1970, denunciando actos de persecución y tortura a poblaciones indígenas de la región de Planas, Departamento del Meta, presuntamente cometidos por fuerzas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y lea Fuerzas Armadas.

Esta comunicación fue objeto de examen a partir del vigésimocuarto período (octubre de 1970) en el cual se acordó solicitar del Gobierno de Colomba la información correspondiente, de conformidad con los Artículos 42 y 44 de su Reglamento.

E1 Gobierno de Colombia en comunicación de 11 de diciembre del mismo año dio respuesta expresando que la denuncia había sido trasladada a la autoridad competente de la administración.

En el vigésimoquinto período (marzo de l971) se designó como relator de este caso al Dr. Mario Alzamora Valdez, entonces miembro de la CIDH, que presentó un informe con recomendaciones conforme a las cualea 1a Comisión acordó reiterar al Gobierno de Colombia el envío de datos que permitieran el examen de 1a reclamación.

En el vigésimosexto período (octubre-noviembre de 1971), en vista de que dicho Gobierno continuaba sin suministrar las informaciones solicitadas, los la Comisión acordó, en ausencia del relator Dr. Alzamora Valdez, designar como nuevo relator al Dr. Carlos A. Dunshee de Abranches, quien presentó un informe con recomendaciones, conforme a las cuales la Comisión acordó reiterar, una vez más, a dicho Gobierno el envío de 1as informaciones correspondientes, otorgándole una prórroga de 90 días más el p1azo del Artículo 51 del Reglamento y transmitiéndole, al mismo tiempo las partes pertinentes de informaciones adicionalea recibidas sobre el caso.

E1 Gobierno de Colombia, en nota de 25 de enero de 1972, dio respuesta acopañando documentación sobre las medidas adoptadas a fin de hacer eficaz la observancia de los derechos humanos en la zona de 1os hechos y otras del territorio naciona1, ocupadas por indígenas. En cuanto a los atentados denunciados en el caso 1690, rechazó por "falsas y tendenciosas, sin prueba alguna, las acusaciones formuladas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, por los sucesos de 1a región de Planas".

En su vigésimoseptimo período de sesiones (febrero-marzo de 1972), 1a Comisión consideró este caso, junto con las informaciones suministradas por el Gobierno.

E1 relator, Dr. Alzamora Valdez, presentó un nuevo informe en el cual recomendó que se solicitaran mayores datos "sobre el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por 1as autoridades nacionales en el lugar de los hechos, a fin de que la Comisión pueda agotar el examen del caso". Con base en esta recomendación la Comisión acordó solicitar del Gobierno colombiano que se sirviera suministrarle los siguientes documentos: a) una copia del informe de la Procuraduría General de la República sobre las investigaciones efectuadas en el terreno de los hechos y, b) una copia del informe de la Auditoría de Guerra de la Séptima Brigada de las Fuerzas Armadas de Colombia.

En cumplimiento de ese acuerdo la Comisión se dirigió al Gobierno de Colombia con nota de 29 de marzo de 1972.

En el vigésimonoveno período (octubre de 1972) atendiendo a que el Gobierno de Colombia no había suministrado los informes complementarios que le fueran pedidos el 29 de marzo de ese año la Comisión acordó, contra la recomendación del relator designado en esa oportunidad, Dr. Carlos A. Dunshee de Abranches (quien presentó un informe recomendando que el caso fuera archivado sin perjuicio), reiterar a dicho Gobierno, con un plazo de 30 días, el envío de los mencionados informes complementarios. Vencido dicho plazo la Comisión presumiria verdaderos los hechos materia del caso, en aplicacion del Artículo 51 de su Reglamento.

En tal sentido se dirigió nota al Gobierno de Colombia el 1o. de noviembre de 1972.

E1 Gobierno de Colombia, con notas de 27 de noviembre de 1972 (No. 752) y 7 de febrero de 1973 (No. 75/60) acompañó las siguientes informaciones: a) Copia del informe rendido a la Procuraduría General de la República por los asesores agrario y jurídico de la misma sobre los hechos ocurridos en la región de Planas, en el cual se deta1la ampliamente las medidas adoptadas por las autoridades nacionales para remediar las situaciones alegadas, y se da cuenta, además, de los procesos y actuaciones judiciales en curso para investigar y sancionar a los culpables de los hechos delictivos materia del caso; b) Copia del Oficio del Ministerio de Defensa Nacioral de 23 de noviembre de 1972; c) Copia del Oficio de 25 de enero de 1971, dirigido por el Comandante de la Séptima Brigada del Ejército al señor Procurador General de la República de Colombia sobre los hechos de Planas y d) Copia del Oficio del Auditor Principal de Guerra de la propia Brigada sobre el mismo asunto. En estos oficios se hace una relación del estado de las investigaciones y actuaciones de la Justicia Penal Militar en el caso.

La Comisión prosiguió el examen del caso 1690 junto con las informaciones suministradas por el Gobierno de Colombia, en el curso del trigésimo período de sesiones (abril de 1973) y acordó lo siguiente:

a) Archivar este caso, sin perjuicio de poder reabrir su examen en el supuesto de que surjan nuevos elementos que así lo requieran o, que se detenga la acción de las autoridades en favor de los afectados y, b) Dirigir una nota al Gobierno de Colombia, manifestándole la satisfacción por la forma leal y franca como dicho Gobierno habia suministrado los datos que le fueran solicitados.

En cumplimiento de esta decisión la Comisión se dirigió al Gobierno de Colombia en nota de 15 de junio de 1973.