Caso No. 1715 (Argentina)

Caso No. 1715 , de 18 de mayo de 1971, en el cual se denuncia la detenci�n arbitraria del se�or Raimundo Ongaro, Secretario General de la "C.G.T. de los Argentinos".

La Comisi�n, en nota de 14 de junio de 1971, solicit� del Gobierno de la Rep�blica Argentina la informaci�n correspondiente, transmiti�ndole, al mismo tiempo, las partes pertinentes de la denuncia, de conformidad con los Art�culos 42 y 44 de su Reglamento.

El Gobierno de la Rep�blica Argentina, en nota de 30 de julio de 1971 (No. 2504) dio respuesta a la Comisi�n suministrando datos, seg�n los cuales el se�or Ongaro hab�a sido detenido en vista de manifestaciones violatorias del Art�culo 209 del C�digo Penal argentino, primera parte, expresadas en un m�tin de car�cter pol�tico efectuado en la ciudad de Resistencia, el 7 de mayo de 1971. Asimismo, se informaba que se hab�a iniciado querella contra el citado dirigente por parte del Fiscal Federal de Resistencia, hall�ndose en curso el proceso correspondiente, encontr�ndose entretanto el se�or Ongaro a disposici�n del Poder Ejecutivo seg�n Decreto No. 1154 de 12 de mayo de 1971.

De conformidad con sus normas reglamentarias, la Comisi�n transmiti� a los reclamantes las partes pertinentes de las informaciones suministradas por el Gobierno argentino y �stos, en nota de 20 de octubre de 1971, suministraron a su vez informaci�n adicional sobre el caso en el sentido de que la querella en curso hab�a sido iniciada por el agente fiscal siguiendo instrucciones del Poder Ejecutivo; que el Juez Federal que conoc�a del caso no hab�a sido quien dispuso la detenci�n del encartado y que, no obstante de que el detenido dispon�a de la posibilidad legal de obtener su excarcelaci�n (al tenor del Art�culo 377 del C�digo de Procedimiento Criminal de la Argentina), esto no ser�a posible en vista de que por Decreto ejecutivo el se�or Ongaro estaba detenido a �rdenes de dicho Poder.

Con estos antecedentes, la Comisi�n examin� este caso en su vig�simosexto per�odo de sesiones (octubre-noviembre de 1971), y design� como relator del mismo al Dr. Gabino Fraga. En el propio per�odo y con base en las recomendaciones del relator acord�: hacer del conocimiento del Gobierno de la Rep�blica Argentina las informaciones adicionales suministradas por los reclamantes, solicit�ndole que se sirviera hacer del conocimiento de la Comisi�n las observaciones que estimara pertinentes; solicitar de los reclamantes que complementaran sus informaciones sobre el caso, en el sentido si se hab�an interpuesto los recursos que las leyes argentinas establecen para "garantizar la libertad de las personas detenidas a �rdenes de las autoridades y proseguir el examen del caso en su pr�ximo per�odo de sesiones, una vez que se hubiesen reunido todos los elementos de juicio, a cuyo efecto la Secretaria deber�a compilar la legislaci�n aplicable".

En cumplimiento de ese acuerdo, la Comisi�n se dirigi� al Gobierno de la Rep�blica Argentina en nota de 17 de noviembre de 1971, y a los reclamantes el 1 de diciembre del mismo a�o.

En el vigesimos�ptimo per�odo de sesiones (28 de febrero al 8 de marzo de 1972), la Comisi�n no pudo proseguir el examen del caso 1715, en vista de que ni el Gobierno argentino ni los reclamantes hab�an facilitado los datos solicitados. En consecuencia, acord� reiterar a los mismos el envio de tales datos posponiendo su decisi�n.

Este acuerdo fue comunicado al Gobierno de la Rep�blica Argentina en nota de 3 de abril de 1972, y a los reclamantes el 21 de marzo del propio a�o.

El Gobierno de la Rep�blica Argentina, en nota de 4 de mayo de 1972 (D.O.I. -DOEA), dio respuesta a la solicitud de la Comisi�n suministrando nuevos informes sobre el caso, los que se resumen como sigue:

a) Que lamentaba que la Comisi�n hubiese continuado, por falta de informaci�n, con el examen del caso, estando ya el mismo terminado ante las autoridades nacionales.

b) Que el dirigente sindical se hallaba detenido a disposici�n del Poder Ejecutivo en virtud de la facultad que le otorga el Articulo 23 de la Constituci�n Nacional, que establece que "en caso de conmoci�n interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constituci�n y de las autoridades creadas por ella, se declarar� en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbaci�n del orden, quedando suspendidas all� las garant�as constitucionales. Pero durante esta suspenci�n no podr� el Presidente de la Rep�blica condenar por s� ni aplicar penes. Su poder se limitar� en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punt o a otro de la naci�n, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino" y

c) Que el se�or Raimundo Ongaro hab�a sido puesto en libertad el d�a 8 de enero de 1972, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 103 de 7 del propio mes y a�o.

En el vig�simonoveno per�odo de sesiones (16 al 27 de octubre), la Comisi�n prosigui� el examen del caso 1715 tomando conocimiento de las nuevas informaciones suministradas por el Gobierno de la Rep�blica Argentina. Asimismo, consider� que, de acuerdo con el tr�mite reglamentario, dichas informaciones habr�an sido puestas en conocimiento de los reclamantes en comunicaci�n de 31 de mayo de 1972, sin que hubiesen formulado observaci�n.

Despu�s de un nuevo examen del caso, la Comisi�n aprob� la siguiente Resoluci�n (OEA/Ser.L/V/II.29, doc. 25 rev. 1):

RESOLUCION SOBRE EL CASO 1715 (REPUBLICA ARGENTINA)

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CONSIDERANDO:

Que mediante comunicaci�n de 18 de mayo de 1971, se denunci� la detenci�n arbitraria del se�or Raimundo Ongaro "Secretario General de la C.G.T. de los Argentinos";

Que de acuerdo con la facultad que le confiere el Art�culo 9 (bis) de su Estatuto, solicit� del ilustrado Gobierno de la Rep�blica Argentina, en nota de 14 de junio de 1971, la informaci�n correspondiente, transmiti�ndole las partes pertinentes de la mencionada comunicaci�n, en la forma prescrita en los Art�culos 42 (1) y 44 de su Reglamento;

Que el ilustrado Gobierno de la Rep�blica Argentina, en nota de 30 de julio de 1971 (D.O.I. -DOEA No. 2504), inform� a la Comisi�n que:

"El citado dirigente pol�tico sindical hizo uso de la palabra en un acto de car�cter pol�tico realizado el 7 de mayo pr�ximo pasado en la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, habiendo formulado manifestaciones violatorias de las disposiciones del Art�culo 209 del C�digo Penal, primera parte.

"El Gobierno argentino considerando necesario asegurar la tranquilidad p�blica y en el ejercicio de las facultades que le confiere el Art�culo 23 de la Constituci�n Nacional, con fecha 12 de mayo �ltimo dict� el Decreto No. 1.154 que ordena la detenci�n del se�or ONGARO y su puesta a disposici�n del Poder Ejecutivo Nacional, medida que est� concretada el d�a13 del mismo mes.

"El 11 de junio del a�o en curso, el se�or Fiscal Federal de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, Dr. don Jos� Camilo SCHANTON, inici� querella contra el dirigente ya mencionado por instigar p�blicamente a cometer delitos, ante el Juzgado Federal Local a cargo del Dr. don Antonio Juan RINESSI, Secretar�a del Dr. don Tom�s A.J. INDA, donde se sustancia la respectiva causa".

Que de conformidad con el Art�culo 42 del Reglamento se transmitieron al reclamante, en comunicaci�n de 3 de septiembre de 1971, las partes pertinentes de la informaci�n suministrada por el ilustrado Gobierno de la Argentina.

Que los reclamantes, en comunicaci�n de 20 de octubre de 1972, complementaron su denuncia indicando que:

"Por la querella iniciada por el Sr. Agente Fiscal Dr. Camilo Schanton por presunta violaci�n al Art�culo 209 del C�digo Penal, lo fu� siguiendo expresas instrucciones de la entonces Secretar�a de Estado de Justicia de la Naci�n y actual Ministerio de Justicia de la Naci�n, tal cual consta expresamente en el escrito cabeza de la misma refrendado por el mencionado Agente Fiscal. Corresponde se�alar que el Poder Ejecutivo Nacional a trav�s de su Ministerio de Justicia, est� facultado para dar instrucciones como las que se menciona y que en la estructura constitucional de la Naci�n, los Ministros dependen del Presidente de la Naci�n.

"El Juez Federal de la Provincia del Chaco, interviniente en la querella, en ning�n momento dispuso la detenci�n de Ongaro, y se encontr� pr�cticamente con el mismo privado de libertad por disposici�n del Poder Ejecutivo. Cabe acotar que en el proceso judicial y como consecuencia de �l no es descartable la excarcelaci�n de Ongaro (Art. 377 del C�digo de Procedimientos en lo Criminal), pero tal petici�n en estos momentos carece de inter�s pr�ctico ya que de disponer favorablemente del Juzgado, continuar�a privado de libertad por encontrarse a disposici�n del Poder Ejecutivo y por ende aquella no se efectivizar�a.

"Resumiendo: Sobre Raimundo Jos� Ongaro se acumulan la detenci�n a disposici�n del Poder Ejecutivo Nacional y una querella criminal promovida a instancias del mismo Poder Ejecutivo, en pleno tr�mite y en la cual el magistrado interviniente no ha tomado ninguna resoluci�n restrictiva de la libertad, siendo obst�culo pr�ctico insalvable para perseguir �sta mediante el instituto procesal de la excarcelaci�n, la detenci�n a disposici�n del Poder Ejecutivo Nacional.

"Marginalmente destacamos a la consideraci�n del Sr. Secretario que el informe del Gobierno de la Rep�blica Argentina afirma categ�ricamente que las manifestaciones de Ongaro son violatorias del Art. 209 del C�digo Penal cuando todav�a no hay sentencia judicial, arrog�ndose as� una valoraci�n propia del Poder Judicial exclusivamente. En definitiva, la prisi�n que sufre Raimundo Jos� Ongaro a la fecha es consecuencia �nica y exclusiva de estar a disposici�n del Poder Ejecutivo Nacional y no sometido a proceso ante la Justicia Federal".

Que la Comisi�n, en su vigesimosexto per�odo de sesiones, celebrado en Washington, D.C., del 26 de octubre al 4 de noviembre de 1971, consider� este caso con base en las denuncias, las informaciones suministradas por el Gobierno de la Rep�blica Argentina y la informaci�n Adicional proporcionada por los reclamantes y, design� un relator para que estudiara el caso.

Que de conformidad con las recomendaciones del relator, se dirigi� nuevamente al ilustrado Gobierno de la Rep�blica Argentina, mediante nota de 17 de noviembre de 1971, acompa�ado las partes pertinentes de la informaci�n adicional presentada por los reclamantes, con la solicitud de que se sirviera hacer del conocimiento de la Comisi�n las observaciones que estimara oportunas sobre la respuesta de los quejosos.

Que, asimismo, de acuerdo con las recomendaciones del relator, la Comisi�n se dirigi� a los reclamantes, en comunicaci�n de 1 de diciembre de 1971, solicit�ndoles mayor informaci�n sobre el estado del caso, especialmente, si el se�or Raimundo Ongaro o su representante legal hab�an interpuesto los recursos de jurisdicci�n interna que las leyes de la Rep�blica Argentina establecen para hacer valer los derechos de las personas.

Que el ilustrado Gobierno de la Rep�blica Argentina, mediante nota de 4 de mayo de 1972, transmitida por conducto de la Misi�n Permanente de la Rep�blica Argentina ante la Organizaci�n de los Estados Americanos (SG 123 (7.2.50) inform� a la Comisi�n que:

"Por decreto 103, del 7 de enero de 1972, el Poder Ejecutivo de la Naci�n dispuso la libertad del se�or Ongaro, disposici�n que fue cumplimentada en las primeras horas del d�a siguiente.

"El dirigente sindical en cuesti�n se hallaba detenido, a disposici�n del Poder Ejecutivo, en virtud de la facultad que a �ste confiere la Constituci�n Nacional en su Art�culo 23, que establece: . En caso de conmoci�n interior o de ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de esta Constituci�n y de las autoridades creadas por ella, se declarar� en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbaci�n del orden, quedando suspendidas all� las garant�as constitucionales. Pero durante esta suspensi�n no podr� el Presidente de la Rep�blica condenar por s� ni aplicar penas. Su poder se limitar� en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Naci�n, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.

"El estado de sitio est� contemplado en gran parte de las constituciones de los pa�ses americanos, y en el caso de nuestro pa�s, data de 1835, en que se sancion� nuestra Carta Magna. Estimo que estos datos constituyen elemento de juicio indiscutible para comprobar que en el asunto que ha motivado las presentaciones se hallaron cumplidos los extremos del Art�culo XXV, 1er p�rrafo de la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuyo texto transcribo a continuaci�n:

"Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y seg�n las formas establecidas por leyes preexistentes"

Que la Comisi�n hizo del conocimiento de los reclamantes, en comunicaci�n de 31 de mayo de 1972, las nuevas informaciones del Gobierno de la Rep�blica Argentina, y

Que los reclamantes no han formulado observaciones a dichas informaciones.

RESUELVE:

1. Declarar, en vista de los elementos de juicio de que ha dispuesto la Comisi�n, que no resulta acreditada la violaci�n de los derechos humanos objeto de la denuncia.

2. Transmitir el texto de la presente resoluci�n al ilustrado Gobierno de la Rep�blica Argentina y a los denunciantes.

En cumplimiento de lo previsto en el inciso 2 de esta Resoluci�n, la Comisi�n, en nota de 1 de noviembre de 1972, transmiti� al Gobierno de la Rep�blica Argentina el texto de la Resoluci�n aprobada. Por su parte, la Secretar�a, en comunicaci�n de 15 de noviembre de 1972, transmiti� a los reclamantes la misma Resoluci�n.