INFORME ANUAL 1970

PARTE III

El Salvadory Honduras

El 25 de junio de 1969, el Gobierno de la República de El Salvador solicitó que la Comisión o una Subcomisión se constituyera en el territorio de ese país a fin de constatar diversos hechos violatorios de los derechos humanos perpetrados contra nacionales salvadoreños en Honduras, así como la expulsión masiva de ciudadanos salvadoreños de este último país.

En la propia fecha el Gobierno de la República de Honduras elevó a la Comisión denuncia por actos violatorios de los derechos humanos, cometidos por sectores de la población salvadoreña en perjuicio de nacionales hondureños que se habían trasladado a El Salvador con el objeto de asistir a la celebración de un evento deportivo. El Gobierno hondureño solicitó, también, la presencia de la Comisión en su territorio, a fin de constatar los hechos denunciados.

En vista de la urgencia de la situación, la Comisión designó una Subcomisión para que se trasladara a ambos países, a fin de examinar en el terreno la situación de los derechos humanos.

Entre el 4 y el 10 de julio de 1969, la Subcomisión visitó ambos países en donde sostuvo entrevistas con las autoridades respectivas, recibió testimonios de particulares y denuncias de los propios Gobiernos sobre la situación de los derechos humanos.

El día 14 de julio se iniciaron las hostilidades entre las Repúblicas de El Salvador y Honduras que determinó que el Consejo de la Organización, actuando provisionalmente como Organo de Consulta, convocara en Resolución de 22 de julio de 1969, a la Décimatercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

Atendiendo a una solicitud del Gobierno de El Salvador y de otros Gobiernos americanos, el Informe Preliminar de la Subcomisión fue transmitido a la Reunión de Consulta el 23 de Julio de 1969 por intermedio del señor Secretario General de la Organización.

El 25 de julio, el Gobierno de Honduras denunció violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidas por el Gobierno de El Salvador en las poblaciones hondureñas ocupadas por el ejército salvadoreño. En esta oportunidad el Gobierno de Honduras solicitó que la Comisión se constituyera en su territorio, a fin de constatar tales denuncias.

La Comisión, reunida en un período extraordinario de sesiones entre el 5 y el 7 de agosto de 1969, aprobó una Resolución que, en su parte dispositiva, establece:

  1. Recomendar a los Gobiernos de El Salvador y Honduras que requieran de la prensa y de la radiodifusión el cese de toda propaganda que induzca a actos de persecución, o que genere el temor de que tales actos puedan producirse. En el caso de que espontáneamente tales medios de comunicación no cesen en su propaganda estimulante del desorden, uno y otro Gobierno habrán de adoptar las medidas conducentes a ese fin que sean autorizadas por las disposiciones constitucionales que los rijan.
  2. Recomendar al Gobierno de Honduras que ordene una investigación acerca de las responsabilidades que incumban a las autoridades, sea por actos positivos o por omisión, en las violencias contra residentes salvadoreños, que han determinado el éxodo de millares de ellos.
  3. Recomendar al Gobierno de El Salvador que ordene una investigación acerca de las responsabilidades que incumban a las autoridades, sea por actos positivos o por omisión, en los actos de violencia contra visitantes hondureños y de agravio contra los símbolos nacionales de Honduras, ocurridos entre el 14 y el 16 de junio de 1969.[1]
  4. Hacer saber a los Gobiernos de Honduras y El Salvador que los hechos que han determinado la actuación de la Subcomisión configuran graves violaciones de los derechos humanos; y solicitar de estos Gobiernos que adopten todas las medidas necesarias, a fin de asegurar remedios efectivos pare reparar tales violaciones, así como adecuada protección contra violaciones futuras de los derechos humanos.

Finalmente, en el Vigésimotercer Período de Sesiones, entre el 6 y el 16 de abril de 1970, la Comisión decidió que los hechos que le habían sido denunciados a la Subcomisión, tanto en Honduras como en El Salvador, configuraban graves violaciones de los derechos humanos, particularmente de los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de las personas, de protección contra la detención arbitraria, de propiedad y de residencia y tránsito. Por otra parte, observó que los Gobiernos de Honduras y El Salvador no habían adoptado todas las medidas necesarias, a fin de reparar tales violaciones, al tenor de lo recomendado por la Comisión en su Resolución de 7 de agosto de 1969.[2]

La Comisión espera y confía que no haya más dilación en el cumplimiento de las recomendaciones que ha formulado a los Gobiernos de los dos países en conflicto, pues ambos deben estar convencidos de que tal cumplimiento, a más de resolver la situación pasada, será el medio más eficaz de prevenir nuevas violaciones de derechos humanos en el futuro.


[1] Informe Preliminar de la Subcomisión sobre Violaciones de los Derechos Humanos en Honduras y El Salvador (OEA/Ser.L/V/II.22, Doc. 2 de 15 de julio de 1969, Reservado).

[2] OEA/Ser.L/V/II 4. O~^jSer.L/V/II.23, Doc. 9.23, Doc. 9